• Ana Taveras

¿Por qué se habla de una reforma fiscal en la República Dominicana?

Actualizado: 2 mar

Por: Ana Taveras y Montserrat Viñals


En los últimos 30 años, en la República Dominicana se han realizado distintas reformas fiscales buscando eficientizar la contribución de los impuestos y su recaudación. En principio, el objetivo de estas reformas era mejorar la presión tributaria. No obstante, los esfuerzos han quedado lejos de alcanzar ese objetivo. A pesar de las anteriores reformas, en el país permanecemos con un déficit presupuestario, un gasto público no eficiente, evasión fiscal en distintos sectores y somos uno de los países con recaudación fiscal más baja como porcentaje del Producto Interno Bruto (“PIB”) de América Latina y el Caribe[1]. A su vez, en el año 2020, los gastos tributarios ascendieron al equivalente del 4.8% estimado del PIB, resultando que las exenciones por concepto del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) representaron por sí solas el 2.5%[2].


La Ley No. 1-12 sobre Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 del año 2012 (“Ley No. 1-12” ó “END”) contempló dentro de sus objetivos, y específicamente en el ámbito fiscal, la propuesta de: “[…]Garantizar la sostenibilidad macroeconómica[…]”, a partir de la cual se consideró como uno de sus ejes “[…]Impulsar una reforma fiscal integral, basada en la progresividad y la transparencia tributaria, orientada a financiar el desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas del sector público consolidado, en el marco de una ley de responsabilidad fiscal que permita implementar políticas contra cíclicas y establezca normas y penalidades para garantizar su cumplimiento”.


Asimismo, la Ley No. 1-12 contempló el objetivo de desarrollar un sistema tributario progresivo, que otorgara prioridad a la contribución directa, mediante la ampliación de la base contributiva, la racionalización de los incentivos y exenciones fiscales, la minimización de los efectos negativos sobre las decisiones de los agentes económicos y el incremento en la eficiencia recaudatoria, bajo un principio de contribución según la capacidad económica de cada contribuyente.


Dicha iniciativa consignó, además, la necesidad de que las fuerzas políticas, económicas y sociales arribaran a un pacto fiscal, que se orientaría a financiar el desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo, mediante el apoyo sostenido a un proceso de reestructuración fiscal integral y el marco de una ley de responsabilidad fiscal que establezca normas y penalidades para garantizar su cumplimiento, en un plazo no mayor de 3 años. Sin desmedro de lo anterior, en virtud de que el escenario ha variado significativamente desde la promulgación de la Ley No. 1-12, se hace necesario revisar sobre sus planteamientos, a pesar de que en esencia se persigan los mismos objetivos.


En la actualidad, producto de la pandemia del Covid-19 causada por el virus Sars-Cov-2 (“Covid-19”) y sus efectos perniciosos sobre la economía, los gobiernos han tenido que revisar y replantear sus estrategias, y el gobierno dominicano no es excepción. La prioridad del Estado en el marco de la situación pandémica ha estado enfocada en apalancar la liquidez de los sistemas financieros y de los negocios, así como preservar su capacidad productiva. En ese sentido, se adoptaron ciertas medidas de exoneración de algunos impuestos; la reducción de las tasas de interés de préstamos; reestructuración de deudas, entre otros. El Gobierno también recurrió al financiamiento externo debido a la caída de los ingresos tributarios y al aumento del gasto público para apoyar a los más pobres, así como a aquellos que por causa de la pandemia se habían quedado sin sus respectivos empleos, y por ende, sin fuentes de ingresos para cubrir sus necesidades.


Adicionalmente, el gobierno se abocó a hacerle frente a la pandemia, siendo los objetivos principales mejorar la salud de la población dominicana, aminorar el efecto de la pandemia en la economía así como apoyar los sectores productivos. Así vemos que, por efecto del Covid-19, el déficit en cuenta corriente disminuyó en 38.8% con respecto al promedio de los cuatro años previos, pasando de un promedio de -2.5% del PIB a -1.3% en 2017-2020[3]. Definitivamente, las consecuencias de la pandemia han afectado grandemente la recaudación fiscal, obligando al gobierno a replantear el gasto público.


Al respecto, tampoco podemos obviar que como parte de una cultura adoptada, en la República Dominicana, tradicionalmente, se gasta más de lo que se recauda. Lo anterior eventualmente ameritará medidas extraordinarias a partir de las cuales sea posible aminorar efectos en cascada que podrían generarse y llevar al traste la economía nacional.


A nuestro entender, la República Dominicana precisa de una reforma tributaria integral, que resulte en incrementos en las recaudaciones, permita la optimización del gasto público, así como la simplificación de los procesos para el pago de los tributos, en especial, en apoyo e incentivo para las medianas y pequeñas empresas (MiPyMes), siempre en apego a los principios progresividad y de contribución según la capacidad económica de cada contribuyente. Sin desmedro de esto, el país amerita poder crear las condiciones, a partir de un marco legal apropiado, para mejorar la equidad tributaria y en algunos casos, ampliar la base contributiva, con el objetivo de respaldar la recuperación del Estado y continuar asistiendo a quienes más lo necesitan, en especial, ante un escenario post-pandémico.


Indudablemente, el país amerita una reforma fiscal integral ya que se hace indispensable incrementar las recaudaciones a pesar de la situación coyuntural actual para hacer frente a todos los compromisos y necesidades del Estado. Sin embargo, también sería preciso unir esfuerzos en poder contar con la referida ley de responsabilidad fiscal que permita la simplificación de los tributos, la eliminación de las exenciones sobre los ingresos de capital y tarifas especiales para empresas.


Más que una propuesta fiscalista o reforma “recaudatoria” a corto plazo, se necesita contar con una solución progresista, en aras de corregir la erosión de la base del sistema tributario que muchas veces incentiva la evasión en nuestro país, distorsiona el clima de la inversión extranjera y afectan el cumplimiento tributario.


En conclusión, entendemos que, conforme lo establece la Ley No. 1-12, el país precisa unir esfuerzos para promover una reforma tributaria integral producto de un pacto fiscal. Dicha reforma debe procurar crear las condiciones idóneas y necesarias para la modificación del sistema tributario y de su estructura, en aras de aumentar la recaudación y hacerlo de manera más simple, y en miras de un Estado que haya procurado las condiciones para replantear el gasto público.

[1] Informe del Banco Mundial titulado “República Dominicana: Revisión del Gasto Público” (2021) [2] Ídem. [3] Informe del Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2021-2024 emitido por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo publicado en su página web en septiembre 2021

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