¿La evidencia como sustituto ideológico?

¿Puede la evidencia constituir algo más que el fundamento empírico de una política pública? La pregunta invita a explorar una transformación en los criterios mediante los cuales se justifican las decisiones políticas. En un contexto de creciente exigencia de resultados verificables y cuestionamiento de las narrativas ideológicas tradicionales, cabe preguntarse si el conocimiento empírico comienza a desempeñar funciones que trascienden su dimensión instrumental. ¿Podría la evidencia ofrecer mayores garantías de racionalidad y legitimidad a la acción pública? Y, de ser así, ¿quién determina la orientación moral de las decisiones que procura fundamentar? Estas interrogantes remiten a una cuestión más amplia: la relación entre racionalidad técnica y racionalidad política, y la posibilidad de que sus fronteras estén siendo redefinidas.

Tradicionalmente, las ideologías han proporcionado marcos interpretativos desde los cuales comprender la sociedad, establecer prioridades colectivas y orientar la acción del Estado. La evidencia, por su parte, permite contrastar hipótesis, identificar relaciones causales y evaluar las consecuencias de determinadas intervenciones. Sin embargo, ¿hasta qué punto estas funciones permanecen diferenciadas en la práctica política contemporánea? ¿podría la capacidad de demostrar empíricamente la eficacia de una decisión conferirle una autoridad comparable a la que históricamente han proporcionado las convicciones ideológicas?

La cuestión adquiere otra dimensión al considerar la relación entre conocimiento y orientación moral. ¿Qué son los datos sin brújula moral? La evidencia puede establecer qué intervenciones producen determinados resultados, pero la selección de esos resultados como objetivos deseables requiere criterios normativos. Incluso la definición de aquello que merece ser medido supone decisiones sobre prioridades y valores. ¿Quién establece entonces los fines que orientan el conocimiento empírico hacia la acción pública? ¿los expertos que producen la evidencia, las instituciones que la interpretan o la deliberación democrática que determina las aspiraciones colectivas?

Desde otra perspectiva, la evidencia podría ofrecer garantías adicionales a los procesos de decisión pública. Una intervención precedida por diagnósticos verificables, evaluación de alternativas y estimación de consecuencias dispone, al menos potencialmente, de mayores condiciones para justificar su razonabilidad y someter sus resultados al escrutinio público. Pero ¿constituye esa justificación empírica una fuente autónoma de legitimidad? ¿O debemos distinguir entre la solidez técnica de una decisión, la legitimidad de los procedimientos mediante los cuales se adopta y la aceptación social que eventualmente genera? La relación entre estas dimensiones merece particular atención, especialmente cuando los resultados de una intervención pueden ser evaluados favorablemente desde criterios de eficacia y suscita, simultáneamente, desacuerdos sobre sus implicaciones distributivas o sus fundamentos éticos.

Esta reflexión adquiere relevancia frente a los procesos de desafección política y cuestionamiento de las formas tradicionales de representación. Si las narrativas ideológicas encuentran dificultades para sostener confianza ciudadana, ¿podría la evidencia convertirse en un refugio de legitimidad para la acción gubernamental? La apelación a indicadores, evaluaciones y resultados verificables podría interpretarse tanto como respuesta a mayores exigencias de rendición de cuentas como una transformación de los lenguajes mediante los cuales se procura justificar el ejercicio del poder.

Quizás la cuestión más sugerente sea examinar si la evidencia y la ideología constituyen fundamentos comparables de la acción política o si responden a dimensiones distintas de su justificación. ¿En qué medida el conocimiento empírico puede orientar decisiones cuyos propósitos remiten necesariamente a concepciones morales, sociales y políticas? ¿Podría la evidencia adquirir una función normativa sin depender de criterios valorativos previamente establecidos? Y si su creciente centralidad está transformando las formas de justificar el ejercicio del poder, ¿asistimos a una sustitución de los referentes ideológicos o a una reconfiguración de las relaciones entre conocimiento, valores y legitimidad democrática?

Más que ofrecer una respuesta definitiva, estas preguntas invitan a reconsiderar los fundamentos contemporáneos de la acción pública. Después de todo, si la evidencia permite conocer con mayor precisión lo que podemos hacer, ¿de dónde proviene la autoridad para determinar lo que debemos hacer?